Primero, con mercados perfectos, información y racionalidad completa, sin externalidades y costos de transacción; las Indemnizaciones por Años de Servicio (IAS), el Seguro de Cesantía (SC) y las Indemnizaciones a Todo Evento (ITE) son rigideces sin justificación. El problema es que no vivimos en ese mundo. Listo.
Segundo, es la inexistencia de un mercado de SC privado completo que hace necesarias estas políticas. Hay razones de información asimétrica y selección adversa por las que no se ofrecen estos seguros, y razones de inconsistencia temporal y miopía por las que no se demandan. Y como no es creíble que el Estado abandone a estas familias, el seguro implícito existe siempre.
Tercero, los trabajadores no son un commodity, son personas con familias a las que les cuesta asumir cambios frecuentes, son frágiles frente al riesgo y se inmovilizan frente al miedo. Esto es más serio a mayores edades, ya que aumenta la especificidad laboral y las responsabilidades familiares mientras disminuye su capacidad de aprendizaje. Cuando se despiden a estos trabajadores se genera un costo social severo que termina asumiendo la sociedad. Por ende, si no hay un castigo, habrá más despidos de los socialmente óptimos.
Por ende, tiene sentido un sistema de SC reformado que incluya ITE (disponible siempre), un fondo individual (sólo para despido), uno solidario (por equidad) y un desincentivo al despido.
Es importante sí mantener en mente que los enormes efectos sobre el crecimiento que algunos les atribuyen a las IAS simplemente no tienen sustento técnico. Como lo sabe cualquier persona con una mínima formación en estadística, no hay un instrumento o un experimento natural que permita identificar bien este efecto. De hecho, el mayor incremento a las IAS se produjo con las reformas laborales de principios de los 90, que precedieron al período de oro del crecimiento chileno. Nadie técnicamente competente diría que fueron las IAS las que generaron ese crecimiento. Nadie técnicamente competente debiera atribuirles efectos económicos gigantes sobre el crecimiento que no se han demostrado. Además, el sentido común hace pensar que la magnitud del problema es menor a su sonoridad política, debido a que la información anecdótica que nos llega del mercado laboral es que las IAS no se pagan mucho en la práctica y que las empresas han encontrado formas de no estar sujetas a ellas.
De hecho, una dificultad seria para las reformas laborales en Chile es la ausencia de los datos para poder investigarlas. No tenemos datos duros sobre rotación laboral, pagos efectivos de la IAS, preferencias contractuales y muchas otras variables clave. Necesitamos urgentemente un panel laboral bilateral (preguntas a trabajadores y empresas) permanente porque todos los sustitutos que tenemos tienen sesgos importantes de un tipo u otro (Seguro de Cesantía, Encuesta de Protección Social, panel INE, panel ACHS… etc.).
Mi impresión, en todo caso, es que en la izquierda poca gente objeta en realidad la idea de pasar a un sistema de ITE. La discusión es otra.
Primera preocupación: como se supone que las IAS casi no se pagan, se presume que tener un sistema de ITE con las mismas reglas que las IAS (un mes por año con tope 11) constituiría un encarecimiento brutal de costos laborales. Entonces la pregunta es cuánto deben ser los topes y cobros por año de las ITE, lo que es muy difícil de calibrar con los actuales déficits de información. En la izquierda preocupa que este sea un camino para reducir el seguro efectivo.
Segunda preocupación: es conocida la elusión de esta obligación que se hace a través de otros tipos de contratos laborales. En la izquierda preocupa si la reforma no aborda éste tema se termine reduciendo aún más la cobertura efectiva del seguro.
Ahora lo bueno es que si hay una oportunidad para construir un consensos pro-reforma. Esto es posible si es que al mismo tiempo se fortalece a las organizaciones de trabajadores para que puedan monitorear descentralizadamente que se cumpla el espíritu y no solo la letra de la ley. Para eso hay que plantear una reforma laboral un poco más amplia en que se aborden ciertos aspectos particularmente anti-sindicales que tiene nuestra legislación laboral (como los polizones sindicales y reemplazantes en huelga) y también las tipologías de contratos permitidas por ley.
Esta es lo que ha estado insinuando la CUT hace tiempo y es la sugerencia que hizo hace poco una de las mayores expertas que tenemos en este tema: me refiero a la presidenta del Comité de Usuarios del SC, Andrea Repetto.
Háganle caso a la Repetto.
Fuente DF
Segundo, es la inexistencia de un mercado de SC privado completo que hace necesarias estas políticas. Hay razones de información asimétrica y selección adversa por las que no se ofrecen estos seguros, y razones de inconsistencia temporal y miopía por las que no se demandan. Y como no es creíble que el Estado abandone a estas familias, el seguro implícito existe siempre.
Tercero, los trabajadores no son un commodity, son personas con familias a las que les cuesta asumir cambios frecuentes, son frágiles frente al riesgo y se inmovilizan frente al miedo. Esto es más serio a mayores edades, ya que aumenta la especificidad laboral y las responsabilidades familiares mientras disminuye su capacidad de aprendizaje. Cuando se despiden a estos trabajadores se genera un costo social severo que termina asumiendo la sociedad. Por ende, si no hay un castigo, habrá más despidos de los socialmente óptimos.
Por ende, tiene sentido un sistema de SC reformado que incluya ITE (disponible siempre), un fondo individual (sólo para despido), uno solidario (por equidad) y un desincentivo al despido.
Es importante sí mantener en mente que los enormes efectos sobre el crecimiento que algunos les atribuyen a las IAS simplemente no tienen sustento técnico. Como lo sabe cualquier persona con una mínima formación en estadística, no hay un instrumento o un experimento natural que permita identificar bien este efecto. De hecho, el mayor incremento a las IAS se produjo con las reformas laborales de principios de los 90, que precedieron al período de oro del crecimiento chileno. Nadie técnicamente competente diría que fueron las IAS las que generaron ese crecimiento. Nadie técnicamente competente debiera atribuirles efectos económicos gigantes sobre el crecimiento que no se han demostrado. Además, el sentido común hace pensar que la magnitud del problema es menor a su sonoridad política, debido a que la información anecdótica que nos llega del mercado laboral es que las IAS no se pagan mucho en la práctica y que las empresas han encontrado formas de no estar sujetas a ellas.
De hecho, una dificultad seria para las reformas laborales en Chile es la ausencia de los datos para poder investigarlas. No tenemos datos duros sobre rotación laboral, pagos efectivos de la IAS, preferencias contractuales y muchas otras variables clave. Necesitamos urgentemente un panel laboral bilateral (preguntas a trabajadores y empresas) permanente porque todos los sustitutos que tenemos tienen sesgos importantes de un tipo u otro (Seguro de Cesantía, Encuesta de Protección Social, panel INE, panel ACHS… etc.).
Mi impresión, en todo caso, es que en la izquierda poca gente objeta en realidad la idea de pasar a un sistema de ITE. La discusión es otra.
Primera preocupación: como se supone que las IAS casi no se pagan, se presume que tener un sistema de ITE con las mismas reglas que las IAS (un mes por año con tope 11) constituiría un encarecimiento brutal de costos laborales. Entonces la pregunta es cuánto deben ser los topes y cobros por año de las ITE, lo que es muy difícil de calibrar con los actuales déficits de información. En la izquierda preocupa que este sea un camino para reducir el seguro efectivo.
Segunda preocupación: es conocida la elusión de esta obligación que se hace a través de otros tipos de contratos laborales. En la izquierda preocupa si la reforma no aborda éste tema se termine reduciendo aún más la cobertura efectiva del seguro.
Ahora lo bueno es que si hay una oportunidad para construir un consensos pro-reforma. Esto es posible si es que al mismo tiempo se fortalece a las organizaciones de trabajadores para que puedan monitorear descentralizadamente que se cumpla el espíritu y no solo la letra de la ley. Para eso hay que plantear una reforma laboral un poco más amplia en que se aborden ciertos aspectos particularmente anti-sindicales que tiene nuestra legislación laboral (como los polizones sindicales y reemplazantes en huelga) y también las tipologías de contratos permitidas por ley.
Esta es lo que ha estado insinuando la CUT hace tiempo y es la sugerencia que hizo hace poco una de las mayores expertas que tenemos en este tema: me refiero a la presidenta del Comité de Usuarios del SC, Andrea Repetto.
Háganle caso a la Repetto.
Fuente DF
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